18 de julio de 2010

La Iglesia Católica Venezolana y el Autoritarismo del Gobierno



A propósito de la polémica surgida a raíz de la posición asumida por la Iglesia Católica Venezolana, y especialmente por el Cardenal Urosa Sabino al opinar sobre el carácter comunista del régimen que gobierna a Venezuela, con lo cual, el Cardenal, ha hecho uso del legítimo derecho a la libertad de expresión que tienen todos los venezolanos, es conveniente recordar que los gobiernos autoritarios son los que, históricamente, han cometido la torpeza de enfrentarse a la iglesia, sin tomar en cuenta que esta institución tiene una altísima capacidad de convocatoria en la sociedad venezolana, goza de respeto y ha dado suficientes demostraciones de su capacidad para ayudar a los más necesitados, utilizando con eficiencia los recursos públicos y privados que le han sido encomendados para estos fines.

La Iglesia Católica Venezolana como guía y orientadora del pueblo tiene el derecho de emitir su opinión y advertir sobre el proceso de destrucción institucional, moral y social que se lleva a cabo sistematicamente en Venezuela, siguiendo los preceptos del Manifiesto Comunista, el cual propone que: el proletariado no puede tomar posesión del estado cuyas estructuras son capitalista, por lo tanto el estado debe extinguirse para dar paso a la noción del “no estado”, bajo la dirección del partido comunista y la comuna.

Demás está decir, que no hace falta poseer profundos conocimientos de filosofía política para entender que el proyecto que lleva a cabo Hugo Chavez pretende la sumisión y control de la sociedad venezolana, anular la capacidad productiva individual de los ciudadanos, generar una colectividad de “súbditos” a la "neo monarquía autoritaria", donde cada individuo u organización trabaje “para el gobierno” o “con el gobierno”, además de la desaparición de cualquier cuerpo jurídico, organismo o instancia a la cual puedan acudir los ciudadanos ante la violación de sus derechos constitucionales.

Del mismo modo, la “cosa pública”, los dineros y bienes de la nación son de uso totalmente discrecional, sin control de poder público alguno. De esta manera, la economía, la política monetaria, la asistencia social y la seguridad alimentaria han quedado a merced de los caprichos del régimen. Prueba de ello son los altos índices de inflasión, el desabastecimiento, la corrupción desbordada, la violaciones constantes a la propiedad privada y a la libertad de expresión.

Ante este realidad, es de toda lógica apoyar la posición del Cardenal Urosa, quien no ha hecho más que “hacerse eco” del llamado de Juan Pablo II: “No tengáis miedo”, palabras con las cuales inauguró su pontificado el 22 de octubre de 1978, y lo repitió 25 años después en la Plaza San Pedro.

En consecuencia, es deber de todo ciudadano el no tener miedo a emitir su opinión. Hoy vemos con impotencia y amargura como los empleados públicos venezolanos viven con el miedo constante a no “caer en desgracia” a los ojos de sus jefes “chavistas”, miedo a perder el empleo, el contrato, la beca, la ayuda; miedo de muchos ciudadanos a escribir un email con su nombre y apellido; miedo de los profesores a perder sus cargos e impotencia frente a una política educativa que pretende desplazar a los profesores formados y preparados en los pedagógicos y escuelas de educación, por graduados de las “misiones”, con lo cual se hará más difícil sacar a Venezuela del atraso que atraviesa actualmente, e insertar a la nación verdaderamente en el siglo XXI.

El miedo es lo que sustenta al autoritarismo, de ese miedo se alimenta; y son los ciudadanos quienes hacen más poderoso al autócrata con su temor. Según Montesquieu: "es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él, e irá hasta donde encuentre límites" (1). Así como el motor del autoritarismo es el miedo, el de la monarquía será el honor y la sumisión de los súbditos, y el de la república: el respeto a las leyes.

En este sentido es de destacar la Pastoral leída por Monseñor Rafael Arias Blanco el 29 de abril de 1957, en claro desafío al régimen de Marcos Pérez Jiménez. En ese documento, Monseñor Arias denuncia las condiciones precarias en que vivían la mayoría de los venezolanos, a pesar del impresionante desarrollo económico de ese entonces. Habla del abandono de las zonas rurales, las violaciones a la Ley del Trabajo y de los instrumentos legales previstos para la defensa de la clase obrera, y las injustas condiciones en que muchas veces se efectuaba el trabajo femenino, entre otras.

Si bien, el tema de la Pastoral de Monseñor Arias, merece un mayor análisis, ya que respondía a una situación insostenible de falta de libertades para la época. Algunos analistas y el propio Pérez Jiménez afirmaban que el desarrollo era un proceso a mediano y largo plazo, el cual obligaba el fortalecimiento de la estructura productiva, en primera instancia, como paso previo para que la riqueza fluyera hacia todos los sectores de la población, a través del empleo, mejores salarios, educación y seguridad social. Esa es la “receta” que siguieron naciones como Japón, Corea del Sur y Alemania, las cuales se levantaron, en relativamente corto tiempo, luego de la destrucción total.

Por el contrario, es lamentable lo que ha significado, principalmente en la última década, la distribución de la renta petrolera. En lugar de un modelo de renta a largo plazo, que implicaba “sembrar el petróleo”, la renta inmediata ha generado una distorsión de la economía de graves magnitudes. Durante el último decenio ha circulado una inmensa masa monetaria que no ha derivado del trabajo productivo. Mientras ha aumentado el consumo y las importaciones, se han reducido las inversiones que generan el empleo productivo y se ha multiplicado el trabajo informal; la seguridad alimentaria está seriamente comprometida, la asistencia social va en declive, además del despilfarro de un billón de dólares.

Finalmente, cuando Carlos Escarrá llama a los sacerdotes a “quitarse la Sotana y debatir como hombres”, no es más que la demostración de su deseo de que en Venezuela haya una iglesia silenciosa, sumisa, sorda ante los “desmanes” del régimen. Mientras vistan la sotana, serán representantes de una inmensa mayoría de feligreses; si no la llevasen puesta, serían más fáciles de humillar, vilipendiar y encarcelar. Es la trampa típica del autoritarismo.
MC

Referencias:

Juan Pablo II: “No tengais miedo”

Educapuntes. Monseñor Arias Blanco: línea de tiempo

Carta Pastoral Arzobispo Rafael Arias Blanco (abril 29, 1957)

Comuna es igual a comunismo

Sembrar el petróleo

Monseñor Arias Blanco

Autoridad y Autoritarismo

Comunas comunistas, no

Manifiesto del Partido Cominista de Marx y Engels (1848)

[1] Montesquieu (1980): El Espíritu de las leyes, Madrid, Tecnos, L. XI, cap. 4, p. 150.

25 de febrero de 2010

Educación y Derechos Humanos


El informe sobre Venezuela donde la CIDH expone serias críticas a la situación de violencia, la represión y la ausencia de independencia de los poderes públicos, llama la atención sobre la necesidad de una discusión entre los miembros de la comunidad del IUPMA es torno a este tema. Es alarmante la indiferencia y pasividad que se percibe en muchos estudiantes sobre la materia de DDHH; máxime cuando se están formando para "formar" a futuros ciudadanos. La nación enfrenta una profunda crisis institucional y los docentes debemos estar alertas ante esta realidad. La región latinoamericana avanza, salvo excepciones, hacia un progreso y modernización integral, mientras Venezuela retrocede en todos los aspectos. El "espejismo" de un socialismo emergente no es mas que un grupo minoritario de naciones "becarias" que se beneficia de los recursos (que se le niegan a la sociedad venezolana) de Venezuela a través de una política de entrega de nuestra soberanía. No podemos seguir indiferentes; es cuestión de dignidad.

A continuación, parte de la nota de prensa:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró un nuevo informe sobre la situación de la democracia y los derechos humanos en el país.
En el documento, que se divide en 8 capítulos, se evaluaron los derechos políticos y la participación en la vida pública, la separación y la independencia de los poderes públicos, libertad de pensamiento y expresión, la defensa de los derechos humanos y la libertad de asociación, los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de seguridad personales y por último los derechos económicos, sociales y culturales.
En todos los puntos Venezuela salió raspada. La Comisión ve con mucha preocupación la situación de impunidad que impera en el país, aunque reconoce los logros del Estado relacionados con la erradicación del analfabetismo, la reducción de la pobreza, y el incremento en acceso de los sectores más vulnerables a servicios básicos como la salud.
Según el organismo, los actos de represalia contra el disenso, los ataques contra los defensores de derechos humanos y los periodistas, la represión de la protesta pacífica, los abusos de la fuerza estatal, la criminalidad común y organizada, los hechos de violencia en las cárceles, la violencia contra la mujer, y otras graves violaciones de derechos humanos, se caracterizan en Venezuela por los altos grados de impunidad en que se mantienen.
Esta impunidad es consecuencia de "la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana".
Para los redactores del informe "la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos" en el país.
A su juicio, es esa falta de independencia la que ha permitido que en el país se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos.
La Comisión interamericana, también recalcó que el Estado no ha cumplido con las observaciones hechas en el último informe entregado en 2003.
Asimismo, la Comisión señala que existen serias falencias en materia de derechos sindicales así como también en relación con el derecho de los pueblos indígenas a su territorio.
"La Comisión ha identificado que la intolerancia política, la falta de independencia de los poderes del Estado frente al Ejecutivo, las restricciones a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, la existencia de un ambiente hostil para el libre ejercicio de la participación política en disenso y para la actividad de monitoreo por parte de las organizaciones de derechos humanos, la inseguridad ciudadana, la violencia que afecta a las personas privadas de su libertad, a sindicalistas, a mujeres y a campesinos, y sobre todo la impunidad en la que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos, son factores que limitan seriamente la vigencia de los derechos humanos en Venezuela. Con miras a consolidar el sistema democrático, el Estado debe aumentar sus esfuerzos para combatir estos desafíos y alcanzar una mejor y más efectiva protección de los derechos garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos", se lee en las conclusiones del texto.
Además, en el Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al Estado a cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas al ratificar la Convención Americana y reitera su interés en realizar una visita a Venezuela.
Ofrece su colaboración y asesoría al Estado, dentro del marco de sus atribuciones, a efectos de adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus recomendaciones.
GOBIERNO RECHAZA INFORME El Gobierno venezolano, representado por Germán Saltrón (agente de Derechos Humanos) rechaza que en Venezuela exista intolerancia política.
Según Saltrón, el veredicto de la Comisión se basó en informes de la prensa opositora, tomados como "pruebas" que el Gobierno, dijo, rechaza.
"Recibimos de la comisión 79 preguntas relacionadas con denuncias presentadas por organizaciones no gubernamentales cuyas únicas pruebas son reseñas de los medios de comunicación que, como todos sabemos en Venezuela, la mayoría está en contra del presidente Hugo Chávez", aseveró. (Jessica Carrillo Mazalli. Tal Cual digital. 25-02-2010).
Licencia Creative Commons
Educapuntes por Mario Contreras se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional .
Basada en una obra en www.educapuntes.blogspot.com .